Los jueces "minimizaron los hechos" y actuaron "con absoluta falta de perspectiva de género", según denunció la abogada de la exmarinera que a causa de sus denuncias perdió su empleo y su carrera militar, además de tener que someterse a un prolongado tratamiento psicológico.

La exmarinera perdió su empleo y su carrera militar, además de tener que someterse a un prolongado tratamiento psicológico.(Foto: Cristian Urrutia)

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego revisará la absolución dictada en favor de un suboficial principal de la Armada Argentina acusado de abusar sexualmente de una marinera mientras ambos se desempeñaban dentro de la Base Naval de la capital fueguina, en 2013, informaron fuentes allegadas al caso.

La causa judicial involucra al militar (ahora retirado) Reinaldo Cardozo, de 57 años, quien fue denunciado penalmente por “Lucía”, como se identifica ante los medios de comunicación la mujer de 32 años que tenía 27 al momento de los hechos, y que perdiósu empleo y su carrera militar, además de verse obligada a someterse a un prolongado tratamiento psicológico para superar lo sucedido.

Sin embargo, luego del juicio oral concluido el 26 de agosto pasado, el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia integrado por Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvió absolver de culpa y cargo a Cardozo por falta de pruebas.

Ante ello, tanto el fiscal Eduardo Urquiza como la abogada querellante en representación de la supuesta víctima, Sofía Barbisán, acudieron “en casación” ante el Superior Tribunal de la provincia para solicitar una revisión del fallo.

Durante el juicio, Urquiza había solicitado para el militar una pena de tres años de prisión, como "autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en concurso ideal con amenazas coactivas", aunque esa acusación no prosperó.

Por su parte Barbisán, quien no pudo alegar en el juicio por una formalidad procesal, también presentó un recurso de casación ante la Corte provincial, para intentar revertir la sentencia absolutoria.

Según la abogada, los miembros del tribunal oral "dejaron de lado una valoración de los hechos basada en la sana crítica", además de haber actuado "con absoluta falta de perspectiva de género", señaló el escrito de apelación.

La letrada sostuvo que distintas pericias psicológicas y psiquiátricas confirmaron que la víctima "no fabula" y que "sus dichos resultan verosímiles", mientras que las realizadas al presunto victimario lo señalaron como una persona "de rasgos algo rígidos y obsesivos" que además "efectuó un relato que impresiona desafectivizado".

Los jueces del tribunal oral "minimizaron los hechos denunciados, sin analizar ni fundamentar de forma contundente en contra de las pruebas que confirmaban las denuncias efectuadas por la víctima (…) la sentencia y sus fundamentos muestran que estuvieron basadas en ciertas reglas en apariencia ´neutrales´, es decir, formuladas a la medida de un sujeto universal y sin género, con omisión de la perspectiva y la experiencia de las mujeres", según el recurso de casación de la querella al que accedió Télam.

La abogada también criticó el comportamiento de los jueces durante el juicio, en especial de uno de ellos (Bembihy Videla) quien en un momento le pidió a la mujer que "hable más fuerte porque soy sordo" y que "hable sin quebrarse".

Barbisán criticó que el tribunal no tuvo en cuenta que la víctima se animó a denunciar a un superior suyo dentro de una institución militar que "respaldó por años la violencia".

Según la acusación, Cardozo comenzó a acosarla y a someterla a diferentes tocamientos e insinuaciones sexuales, e incluso denunció que en una oportunidad la encerró dentro de un depósito y la violó, aunque hasta el momento la justicia no dio por demostradas ningunas de esas circunstancias.

El proceso judicial, que según especialistas generaba "un antecedente de peso por la característica de ventilar hechos sucedidos en un ámbito castrense", sufrió varias demoras.

Primero se iba a realizar en 2020, fue suspendido por la pandemia, reprogramado para 2024 y luego adelantado para 2021.