La Justicia Federal de Ushuaia enjuició por la infracción de abuso de autoridad, y embargó por $120 mil, a los seis inspectores municipales acusados de no haber controlado el local nocturno “Black And White”, cuando  en 2012 se develó y luego se condenó a una banda dedicada a la trata de personas, confirmaron ayer fuentes judiciales.

El fallo judicial tomado por la jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto (subrogando el juzgado de la capital fueguina) evaluó que los funcionarios prescindieron en forma deliberada la inspección de los cuartos traseros del negocio donde se profesaba la prostitución, a pesar de haber inspeccionado las instalaciones en varias ocasiones.

Los involucrados Alfredo Duilio Santos, Martin Andrés Mieres, Eduardo Hugo Scarnati, Luis Alberto Villegas, Aníbal Torres y Carlos Alberto Signoni, quienes a pesar del procesamiento permanecerán en libertad, según aclara el escrito judicial.

El dictamen se efectúa 9 años luego del rescate de las mujeres víctimas, y a 4 años del juicio de los responsables de la trata, ya que los inspectores fueron sobreseídos en dos instancias anteriores hasta que la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó el año pasado profundizar la investigación y devolvió las actuaciones al juzgado de instrucción.

La jueza Borruto sostuvo en su fallo que quedó “desvirtuado” el fundamento de los inspectores acerca de que ellos solo debían controlar la superficie habilitada del local, y que no tenían intervención  sobre las habitaciones situadas en la parte posterior.

Según dijo, los ambientes estaban conectados por una puerta y debieron ser clausurados en virtud de la ordenanza municipal 1183/93 -vigente en ese momento- que prohibía “la existencia de camas o cualquier otro mobiliario semejante” en los locales nocturnos.

“Las habitaciones supuestamente desafectadas para el uso privado y por consiguiente ajenas al ámbito de la inspección municipal, cuyo acceso debía estar clausurado, en realidad no lo estaba”, escribió Borruto en la resolución.

También agregó que los funcionarios “en ningún momento fueron a ver las habitaciones y nunca recorrieron la zona”.

“Se denota la ilegalidad del comportamiento de los inspectores municipales en representación de la Municipalidad de Ushuaia, toda vez que los mismos debían inspeccionar y controlar esencialmente, todas las dependencias habilitadas conforme a los planos existentes en los respectivos expedientes municipales de habilitación, es decir que estuvieran en las mismas condiciones que fueron habilitadas y que no hubieran modificaciones. Justamente la existencia de la puerta que daba a las habitaciones en cuestión podía importar una modificación en las condiciones de habilitación original, lo que obligaba a los inspectores a controlar dichas habitaciones. Esos parámetros que debían respetarse, objetivos, por cierto, no pueden quedar librados a la subjetividad o arbitrariedad del funcionario de la municipalidad”, garantizó la jueza.

La infracción de abuso autoridad presume penas de “un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo” para “el funcionario público que dictare resoluciones y órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.\"

Según Borruto, en este caso en particular, “entiendo que la acción típica” fue la de “no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbía”.

Idas y vueltas

Federico Calvete, juez Federal de Ushuaia había desistido a los inspectores en una resolución que después fue confirmada, en mayoría, por la Cámara de Apelaciones de Chubut.

Pero , ante un nuevo recurso de casación presentado por el fiscal Norberto José Bellver, los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos (de la Sala 4 de la Cámara de Casación) tomaron la decisión en 2018 invalidar el sobreseimiento y expedir nuevamente las actuaciones a Ushuaia para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a los fundamentos del fallo.

Ese dictamen recordó que “Black and White” era explotado comercialmente por Víctor Morales (uno de los condenados por trata en 2015) y que si bien estaba habilitado para funcionar como “club nocturno”, acorde a las ordenanzas municipales, “en la realidad funcionaba en forma solapada un prostíbulo, donde las mujeres (o “alternadoras” según consta en las constancias sanitarias), además de hacer “copas” (venta de tragos a clientes), hacían “pases” o “servicios” (prestaban servicios sexuales a los clientes a cambio de una suma de dinero), que eran realizados en las habitaciones ubicadas en la parte trasera del local las que si bien en el plano habilitado municipalmente figuraban como “vestidores”, evidentemente funcionaban como dormitorios con sus respectivos baños, amoblados con camas matrimoniales y donde se visualizaban carteles que indicaban que los preservativos debían ser arrojados en los cestos, actividades que importaban una explotación con ánimo de lucro por parte de  Morales y sus cómplices”, reseñó el fallo del año pasado.