Las medidas adoptadas por el oficialismo para desactivar la protesta sindical se ven limitadas ante la selectividad de la CGT en su beligerancia y su histórica relación con los gobiernos peronistas. A pesar de gestos de flexibilización por parte del Gobierno, la CGT persiste en su postura de confrontación, evidenciando tensiones profundas en el ámbito laboral argentino.
La respuesta del Gobierno ante las demandas sindicales se ve obstaculizada por la persistente hostilidad de la CGT, que mantiene su postura desafiante a pesar de los intentos de diálogo y flexibilización por parte del Ejecutivo. En este contexto, la Secretaría de Trabajo proyecta medidas que buscan frenar prácticas extorsivas, como los bloqueos de empresas, mediante la aplicación de sanciones respaldadas por organismos internacionales. Sin embargo, estas medidas enfrentan resistencia por parte de sectores sindicales, especialmente del influyente sindicato de Camioneros.
Las tensiones en torno a la reforma laboral y la Ley Bases profundizan el conflicto entre el Gobierno y la CGT. A pesar de intentos de mitigar las sanciones por bloqueos sindicales, la falta de consenso legislativo y las presiones internas en el sindicalismo dificultan la resolución del conflicto. La división en la CGT entre sectores dialoguistas y combativos complica aún más el panorama, dejando en evidencia la fragilidad de las relaciones laborales en el país.
El enfrentamiento entre dirigentes sindicales, como Sergio Sasia y Juan Carlos Schmid, refleja la profunda interna que atraviesa la CGT y el sindicalismo argentino en general. Mientras algunos sectores buscan la moderación y el diálogo, otros mantienen una postura más confrontativa, evidenciando la falta de consenso y la complejidad de los intereses en juego. Ante este escenario, el Gobierno enfrenta el desafío de gestionar las tensiones laborales y buscar soluciones que promuevan el desarrollo económico y social del país.
El segundo paro general de la CGT bajo la gestión libertaria plantea interrogantes sobre el futuro del diálogo social en Argentina. Lo curioso es que el Gobierno cedió ante la presión de la CGT un artículo del capítulo laboral de la Ley Bases que podría haberle servido para frenar las asambleas-paro que concretarán casi todos los sindicatos del transporte.
Del proyecto oficial se eliminó un punto incluido en el DNU 70, como artículo 20 bis de la Ley N° 23.551, que decía que los representantes sindicales dentro de la empresa o las autoridades del gremio tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados “sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”.
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