Las cámaras empresariales del país que nuclean al sector pyme y agroindustrial se desmarcaron del enérgico apoyo que las grandes corporaciones otorgaron al DNU 70/2023 y la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” enviadas al Congreso de la Nación por el presidente Milei. Manifiestan preocupación por la desregulación total de las importaciones que provocará el cierre de plantas.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, sostuvo que la Ley Ómnibus “tiene puntos muy preocupantes para todo el sector productivo nacional”, y apuntó especialmente a la liberalización de importaciones que “va a generar una gran crisis en la industria nacional y el cierre de muchas fábricas”. Indicó que es necesario mejorar las condiciones de financiamiento para el sector, a través de “medidas anti-dumping y otras que no se mencionan en las propuestas” de Milei, señaló Rosato . “Hoy tenemos empresas paralizadas porque no pueden importar insumos con sus propios dólares, que están paralizados en el Banco Central”, agregó.

Por su parte, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) expresaron su total rechazo al DNU presentado por Milei la semana pasada, argumentando que “responde punto por punto a los intereses concentrados locales y extranjeros, barriendo con las condiciones que hacen posible la existencia misma del entramado Mipyme” en Argentina.

En tanto, desde la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac) aclararon que la ley omnibus “no tiene el consenso de las entidades empresariales pymes que representan al 98,5 por ciento de las empresas en Argentina”, pero se mantienen cautos a la hora de marcar una posición. “Recién mañana el DNU debería ponerse en marcha”, señaló Leo Bilanski, presidente de Enac.

Sostener el mercado interno

Este jueves la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mantuvo una reunión con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, a quien solicitó la continuidad del programa para compras en cuotas a tasa preferencial “Ahora 12”.

Desde el gobierno informaron que el programa será relanzado y que también desean incorporar un plan con 6 cuotas sin interés: “estamos trabajando junto con el Banco Central para acordar las nuevas pautas financieras”, señalaron. Hasta noviembre de este año (último mes en vigencia) el costo financiero total del “Ahora 12” fue 140 por ciento anual, por debajo de la inflación. Esos costos deben distribuirse entre comercios, bancos privados y el Estado Nacional.

Alfredo González, presidente de CAME, afirmó que "para las pymes comerciales es clave un instrumento con cuotas a tasa preferencial", especialmente de cara a un posible ciclo recesivo en la economía. CAME también planteó la necesidad de tener alternativas de financiamiento que sean de fácil acceso para el sector pyme, mientras que el secretario de Comerio apuntó a las deudas por importaciones con proveedores del exterior y sugirió que las pymes se empadronaran en el nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) para agilizar los pagos a través de los bonos Bopreal, que el jueves sorprendieron por su baja suscripción.

Retenciones

Desde la Corporacion Vitivinicola Argentina (Coviar) señalaron a este diario que “nos afecta y preocupa el tema retenciones, especialmente teniendo en cuenta que dejaron a las economias regionales fuera y a la vitivinicultura adentro con el 8 por ciento”. Ese nivel de retenciones pagaba el sector hasta agosto de este año cuando el ministro Massa las llevó a cero. Al ser consultados sobre la derogación de las leyes del sector incluída en el DNU indicaron que “son normas en desuso que no se estaban aplicando” y manifestaron que tienen en agenda una reunión el martes 2 de enero con el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, para discutir estos temas.

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) también rechazó la suba de retenciones propuesta por el gobierno. A través de un comunicado, señala que "si bien se comparte la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, dicho objetivo no sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros".