l jueves pasado, el Gobierno estableció una nueva fórmula de aumentos para las empresas de medicina prepaga, con el objetivo de controlar los incrementos que se han generado desde la liberación de precios por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La medida busca contener las quejas de los afiliados y evitar aumentos excesivos en las cuotas.

Según lo anunciado por el Ministerio de Economía, las cuotas de las prepagas deben retrotraerse a diciembre de 2023 y, durante los próximos cinco meses, no podrán superar la inflación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió el dictamen para ajustar el valor de las cuotas, y la Dirección de Defensa del Consumidor, dependiente de Economía, será la encargada de recibir consultas y denuncias por posibles incrementos abusivos. Para ello, se han habilitado tres vías de comunicación: un número de teléfono gratuito, una dirección de correo electrónico y un formulario online.

En caso de que las empresas no respeten los límites establecidos, los usuarios pueden comunicarse a la línea gratuita de Defensa al Consumidor o enviar sus consultas y denuncias por correo electrónico o a través del formulario disponible en el sitio web oficial.

Prepagas: qué pasa con los aumentos

El comunicado gubernamental detalla los porcentajes máximos de aumento que las prepagas deben aplicar con respecto al precio de diciembre. Para calcular el valor máximo de la cuota actual, se debe aplicar un ajuste máximo del 93,3% para abril y del 114,6% para mayo, según la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero y de noviembre a marzo, respectivamente.

El Gobierno proporcionó el coeficiente por el cual debe multiplicarse el valor cobrado en diciembre para determinar el aumento máximo permitido. Este coeficiente se basa en la variación porcentual entre el IPC actual y el IPC de diciembre de 2023. Las empresas que deben aplicar esta medida por cinco meses son: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.

En otro frente, se encuentra la cuestión de la posible devolución de los montos cobrados en exceso. El Gobierno ha presentado una demanda judicial para que las prepagas devuelvan a los usuarios el dinero cobrado por encima de la inflación entre diciembre y marzo. La acusación es de "cartelización" por parte de las empresas para incrementar sus cuotas.

La jueza Mercedes Maqueira, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal 9, está a cargo de decidir sobre este punto. Hasta el momento, no se ha emitido una resolución en esta causa.

Las prepagas advierten que si se les ordena devolver el dinero ya cobrado a los afiliados, podría afectar gravemente a toda la cadena del sistema de salud privado. Además, se mantenía la preocupación sobre posibles cambios en los honorarios de los prestadores a partir de la reducción de la cuota, aunque al menos en el caso de OSDE, esto no se modificará por el momento.