La legisladora del bloque UCR Liliana Martínez Allende dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el desarrollo de la reunión de la comisión de seguimiento realizada ayer, con la participación de representantes de AFARTE, UOM y ASIMRA. Planteó que “la situación es bastante complicada, y nosotros planteamos el tema de los PPD, que son las personas que están contratadas por un tiempo, pero figuran como empleados de las empresas y, por ejemplo este año, no se los pudo asistir con el IFE. Si bien no están trabajando ni cobrando sueldos, figuran en ANSES como empleados de las empresas textiles o electrónicas”, indicó.

“Según la UOM de Río Grande y Ushuaia, en el último acuerdo que firmaron con AFARTE se han comprometido a que antes de fin de año esos trabajadores van a pasar a formar parte de la planta permanente, para no seguir teniendo esta situación que es irregular, que la están padeciendo 650 empleados en Ushuaia y 490 en la ciudad de Río Grande”, precisó.

Además se habló del subrégimen y se convirtió en el eje del encuentro: “Claramente es un problema porque se termina en 2023 y, no hay una propuesta a nivel nacional de extender el régimen. En su momento el presidente electo y el gobernador electo Melella firmaron un compromiso de que se iba a extender el subrégimen. Esto debe ser una cuestión de Estado, porque los tres intendentes, el gobernador, los diputados y senadores, salvo el senador Blanco, pertenecen al mismo espacio político del presidente Alberto Fernández. Es el momento ideal para plantear esto a nivel nacional, y tienen que escuchar a la provincia, a los referentes de esta provincia, tanto diputados como senadores, intendentes y gobernador, que pertenecen al mismo sector político. Estamos a menos de tres años de la finalización del subrégimen y necesitamos que se haga la extensión”, reclamó.

Recordó que en la presidencia de Macri “como legisladores provinciales con Pablo Blanco y Oscar Rubinos íbamos permanentemente a Buenos Aires para pedir la extensión del subrégimen, y esto quiero decirlo porque no me olvido de los cuatro años anteriores. También en los cuatro últimos años de Cristina, el actual secretario general de la UOM Oscar Martínez como diputado nacional había presentado un proyecto y no fue tratado. Tenemos que recordar todo, y yo me hago cargo de lo que me toca a mí”, expresó.

“Oscar Martínez participó en la reunión que tuvimos por zoom y la verdad uno no quiere polemizar. A mí no me dieron bolilla en el gobierno que precedió a este y éramos tres legisladores los que íbamos a reclamar. Hoy tenemos la posibilidad en esta provincia de tener tres intendentes y un gobernador, más dos senadores y diputadas nacionales que están con el gobierno nacional. Hay que ir con un mismo mensaje, y a su vez la UOM a nivel nacional también comparte la idea política de este gobierno”, observó.

Insistió en que “este es el momento propicio porque tenemos todos los representantes y tienen que juntarse para ir con un mismo discurso y trabajar con el gobierno nacional para tener la prórroga de la ley, que es muy necesaria, y la reconversión si hiciera falta. De una vez por todas debemos tener el régimen que tiene Manaos para poder ser una provincia grande, industrialmente hablando”, manifestó.

Consultada sobre la posición de AFARTE, el discurso fue el mismo: “Ellos plantearon que quedan 30 meses de vigencia del subrégimen y que, si no se prorroga, no puede haber ningún proyecto viable ni va a venir ninguna inversión en Tierra del Fuego. Además está el conflicto que ellos tienen con las autopartistas, porque son convenios a cinco años vista por lo menos, y hoy es imposible pensar en que cualquiera de las fábricas pueda reconvertirse o empezar con la fabricación de algún producto nuevo si no se prorroga la ley”, advirtió.

“Es el mejor momento para Tierra del Fuego para ir al gobierno nacional y pedir entre todos la extensión de la ley. Estamos en condiciones de ir a Buenos Aires todos juntos a pedir por el subrégimen, y hacer una mesa de trabajo, porque probablemente ellos tengan algunas propuestas para hacer en cuanto a las modificaciones, la reconversión que pretenden para Tierra del Fuego. No podemos esperar más y hay que ponerse a trabajar en serio, dejar las mezquindades de lado y las diferencias políticas que pueda haber, porque es el momento más oportuno para pedir la extensión de la ley”, remarcó.

Convocatoria a las cámaras

También la legisladora consideró que se debe convocar al sector privado, que se ve afectado por el vencimiento de la promoción. “Desde la política debe partir la intención de ir a luchar por lo que nos pertenece y queremos conservar, porque las cámaras no son el sector fuerte. La política tiene que dar el puntapié para convocar justamente a las cámaras y todos juntos con un mismo discurso ir a nación a pedir la extensión”, subrayó.

“Si este gobierno nacional tiene intenciones de hacer alguna modificación, si quiere la reconversión de la que tanto se ha hablado, se debe plantear ahora, porque estamos a dos años y medio de la finalización y están en juego muchas cosas, hay muchas familias que dependen de la actividad de la industria. Hace meses venimos hablando del sector privado, de todos los que han padecido la pandemia, y de la misma manera que todos nos unimos para trabajar en la Legislatura y aprobamos por unanimidad la herramienta que le permite al gobierno poder asistir al sector privado, hoy tenemos que pedirle a nuestra autoridades, intendentes, legisladores nacionales y al gobernador sobre todo, que convoque a todos los sectores, a las cámaras, al sector gremial, para ir todos juntos con las autoridades de la provincia con este reclamo al gobierno nacional. Nos está quedando poco tiempo y, si antes no lo logramos, tenemos que tratar de lograrlo ahora”, sostuvo.

Turismo y programa PROGRESO

Por otra parte se la consultó sobre las declaraciones a este medio del presidente de la cámara de turismo Ángel Brisighelli, que informó que plantearon diez puntos al gobierno, de los cuales han cumplido ocho y se han agilizado los créditos del programa PROGRESO. “Nosotros tuvimos algunas reuniones con la Ministra de Producción, con las autoridades del Banco Tierra del Fuego y explicitamos esta situación, porque nosotros votamos la ley de emergencia para que llegue a todo el sector privado de una manera ágil y rápida. Ya llevábamos 60 días desde que se había declarado la cuarentena y todos los negocios estaban cerrados. Nadie tiene recursos para aguantar cinco meses sin actividad, pagando empleados y alquileres. Una familia que no tiene trabajo es un problema para el Estado, y eso lo teníamos claro cuando votamos esa ley”, dijo.

“Se necesitaba mayor agilidad y eso fue lo que planteamos a la Ministra. Seguramente vamos a tener que hacer algunas modificaciones a la ley porque hay inconvenientes con la rendición de los subsidios. Hasta que no rinden no pueden obtener otra ayuda y necesitamos más agilidad. A veces son pequeños los subsidios, no son significativos como para que se pida que se rindan y luego poder obtener otra ayuda. Ya llevamos cinco meses y la situación es acuciante, complicada. La ciudad de Río Grande está cerrada desde hace 20 días y con perspectivas de continuar cerrada hasta septiembre. Esto tiene que ser más ágil y es muy buena noticia lo que ha dicho Brisighelli sobre la agilización. Iremos por lo que falta para que el sector turístico, que no tiene ninguna perspectiva de reactivarse en el corto plazo, pueda ser asistido para evitar los despidos. También hay gente que no tiene empleados, que tiene un negocio unipersonal o familiar, y hay que contemplar estos casos”, concluyó.