El ministro de Economía, Luis Caputo, frenó desde enero el pago a las distribuidoras de los reintegros que requiere la ejecución del régimen previsto por la Ley 25.565 de Zona Frías, un programa creado en los ´90 y ampliado en 2021, según el cual la mitad los usuarios de gas natural del país abonan una tarifa más baja por el servicio (porque se interpreta que deben ser bonificados por vivir en regiones de bajas temperaturas). Como a raíz de la normativa las distribuidoras comercializan el gas más barato a los hogares, el sistema prevé que luego el Estado reintegra a las empresas una parte del precio del gas. Ese reintegro se cancela con fondos que recauda un fideicomiso administrado por el Palacio de Hacienda, cuyas transferencias están inactivas desde enero. El freno de los pagos —que provocaron un pasivo que ya supera los $ 10.000 millones— puso en jaque a más de 40 subdistribuidoras que abastecen a pequeñas localidades en todo el país.
El esquema de reintegro a través del fideicomiso está diseñado para que el Estado no tenga que afrontar con fondos propios la subvención a las tarifas de gas para los hogares ubicados en áreas de bajas temperaturas. En parte, el régimen se solventa por medio de un cargo incluido en las tarifas —equivalente a un 5% del precio del gas— que abonan todos los usuarios de gas natural del país. Lo recaudado va directo al fideicomiso. Ahora, con la excusa de realizar primero auditorías, Caputo dejó de afrontar los compromisos de todos los fideicomisos que administra el gobierno nacional.
En rigor, el gobierno frenó la devolución de la Zona Fría a todo el segmento de distribución, que incluye a las distribuidoras (Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Cuyana, Ecogas, Gasnor, Litoral Gas) y a más de 40 subdistribuidoras del país.
Las empresas subdistribuidoras no recibieron los pagos de enero, febrero y marzo. Hasta el momento, la deuda sólo a estas empresas asciende a más de $ 1.000 millones sin contar el mes de abril. Desde el Instituto de Subdistribuidores de Gas Argentino (ISGA) afirman que si no se destraban los pagos por la Zona Fría en 60 días tienen que dejar de ofrecer el servicio. De las 64 subdistribuidoras de gas que hay en el país, más de 40 están afectadas por la interrupción de los reintegros de la Zona Fría.
En dialogo con EconoJournal, José Luis Kelly, presidente del ISGA, señaló que “este régimen no funciona como un subsidio, porque nosotros primero afrontamos el costo del gas y luego recibimos el reintegro. Lo que está sucediendo desde febrero es que frenaron todos los pagos, con lo cual, en lo que va del año las subdistribuidoras estamos bancando la Zona Fría porque el Ministerio de Economía no nos devuelve la plata”.
“Si no se resuelve este tema quedamos desfinanciados totalmente porque el costo del gas representa para las subdistribuidoras el 85% de nuestra facturación. En 60 días tenemos que cerrar todo. Después de operar durante casi 40 años tendríamos que entregar el servicio a las distribuidoras porque quedaríamos totalmente desfinanciados”, agregó Kelly. El problema se puede agravar en el invierno porque aumenta fuertemente el consumo de gas residencial.
Zona Fría
El régimen de Zona Fría comenzó en los ´90 y originalmente fue una medida para la Patagonia, pero en 2021 el cristinismo lo amplió a la mitad de los usuarios de gas del país a través de la aprobación de la Ley 27.637, sin discriminar la condición socioeconómica de los hogares. El subsidio ahora alcanza también al centro del país como las provincias de Córdoba, Mendoza, buena parte de Buenos Aires y llega hasta casi Rosario (con la ampliación de 2021 el esquema de Zona Fría pasó de 800.000 a más de 4 millones de usuarios).
En marzo, las subdistribuidoras le presentaron una carta al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para solicitar que se destrabe el reintegro del fideicomiso de la Zona Fría. Según pudo reconstruir este medio de fuentes privadas, funcionarios de la cartera energética están al tanto del problema, pero reconocen que está congelado en el Palacio de Hacienda.
El último pago que recibieron las empresas que abastecen de gas a las localidades pequeñas fue a fines de febrero y correspondió al mes de diciembre ya que el mecanismo de devolución habitualmente demora de 60 días. El decreto 215 del 4 de marzo, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, traspasó todos los fideicomisos (no sólo los vinculados al área energética) directamente a la órbita de Caputo, que directamente frenó los reintegros.
Régimen y subdistribuidoras
El régimen de Zona Fría (Ley 25.565 y 27.637) representaba un 50% de las facturas de los usuarios de la Patagonia. Con la ampliación de 2021 a la mitad de los usuarios de gas del país, el margen del descuento final se ubicó entre un 30% y un 50%, según el volumen de consumo. La bonificación es sobre el total del monto de las boletas, excluyendo los impuestos.
Las subdistribuidoras están reguladas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Son empresas que nacieron a partir de 1985 por una ley del gobierno de Raúl Alfonsín, que habilitaba a una localidad a afrontar las obras para construir la red de gas natural sin depender de Gas del Estado y luego podía operarla de manera independiente. Después de la privatización de 1992 de la empresa estatal (se dividió en nueve distribuidoras en todo el país), las subdistribuidoras continuaron operando. En la actualidad abastecen a 500.000 usuarios (casi el 5% del país).
Cómo funciona el fideicomiso
El régimen de Zona Fría se solventa con un aporte de un 5% del total de la factura que hacen todos los usuarios del servicio de gas natural por red del país para cubrir el alto consumo de los hogares en lugares de bajas temperaturas. Esos aportes van a un fondo fiduciario que -ahora- administra el Ministerio de Economía.
El esquema no funciona como un subsidio común, ya que primero lo afronta el segmento de distribución y luego el gobierno reintegra esos fondos. En el caso de las subdistribuidoras, le compran el 100% del gas a las distribuidoras y le descuentan los porcentajes de la Zona Fría. Luego, el Estado -a través del fideicomiso- le reintegra los fondos.
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