En el articulado de la futura norma, busca resolver “el déficit del cupo penitenciario y la sobrepoblación en lugares de detención. Lograr que las personas privadas de libertad sean efectivamente sujetas a un tratamiento interdisciplinario de progresividad que le permita adquirir la capacidad de respetar y comprender la Ley”. Que se comprenda la “gravedad de sus actos y de la pena impuesta, alcanzar su resocialización y posterior inserción en la comunidad”.
Pero, además, el asunto tiene como finalidad que se afronten los “aspectos de construcción; edificación; refuncionalización, mejoramiento y ampliación de la infraestructura edilicia para inmuebles afectados al Servicio Penitenciario relacionados exclusivamente con lugares de detención como por ejemplo: Pabellones; celdas; sanitarios, espacios educativos de rehabilitación o reinserción”.
Para ello, el proyecto en su artículo cuarto plantea como procedimiento que “se establezca con carácter de interés público provincial la adopción y ejecución del Régimen de Contratación de Participación Público y Privada, previsto por Ley Provincial 1161, a fin de resolver las necesidades que en materia de infraestructura ameritan la declaración de emergencia indicada en el artículo primero. A tales efectos se podrá incluir los servicios de seguridad electrónica, alimentación, salud, cultura y esparcimiento”.
Para ese debate, cursaron invitación al viceministro de Coordinación de Gabinete de la Provincia, Jorge Canals y al director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares.
Vale señalar que, en países de la región como Chile, Brasil y México existen cárceles con sistemas de gestión mixta y participación privada, los cuales son mirados de manera crítica por diferentes organismos de Derechos Humanos.
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